"JURISTA-REY"

“A menos -proseguí- que los filósofos reinen en las ciudades o cuantos ahora se llaman reyes y dinastas practiquen noble y adecuadamente la filosofía (…) no hay, amigo Glaucón, tregua para los males de las ciudades, ni tampoco, según creo, para los del género humano”. Platón, La República.

Esta entrada se desmarca de la línea general y la intención de este blog. No se acercará el Derecho a los lectores. Esta vez compartiré una opinión (y denuncia) personal en torno al mundo jurídico. 
Si uno ve las noticias con que abren los telediarios o que aparecen en las portadas de los periódicos de los últimos días sabrá que son muchos y muy variados los males públicos que, sin tregua, afectan a los españoles. Pero todos tienen un culpable común: los políticos. Sin entrar a criticar a los líderes de las principales formaciones ni a generalizar, pues hay servidores públicos electos que verdaderamente ayudan a reducir, y no a aumentar, los problemas de los ciudadanos; lo cierto es que los principales políticos están detrás de todos los males que se reflejarán aquí y de los que adolece el sistema judicial español en concreto: los nombramientos.

Cuesta comprender para un joven estudiante de Derecho cómo casan los nombramientos políticos judiciales con esa teoría de Montesquieu que se nos enseña en primero de carrera y su defensa de la separación de poderes. Pues bien, no hay que leer “El espíritu de las leyes” para conocer y apoyar esta idea, que plasma la Declaración de Derechos de 1789 (“del Hombre y del Ciudadano”) en su artículo 16: “una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución”. Que nadie se alarme, no pretendo divagar en torno a los dos fragmentos entrecomillados que han aparecido en estas líneas (de hacerlo, iría en contra del espíritu del blog y de su nombre), pero son alusiones necesarias para ponernos en antecedentes e introducir las reflexiones que a continuación leerán.

Como bien sabrán, todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial son elegidos por el Congreso y el Senado (aunque propuestos de forma diferente). Lo que igual no saben es la labor que este órgano, llamado “de gobierno de los jueces”, realiza: nombramiento de los principales cargos y decisión sobre la situación profesional de jueces y magistrados, así como traslados y ascensos, entre otros.  En principio, no tendría que chocarnos demasiado esta situación cuando no es un órgano jurisdiccional estricto sino de administración y gestión. El problema viene cuando el portavoz del Partido Popular en el Senado, Señor Cosidó, escribe lo siguiente en un grupo de Whatsapp de su partido: “obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, (...) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás ". La Sala Segunda del Tribunal Supremo es la sala de lo Penal, única competente para enjuiciar a diputados y senadores nacionales.

Vaya, si los políticos sólo nombran a los vocales del CGPJ y éstos sólo están para cuestiones administrativas y de gestión… ¿por qué dice el portavoz popular que controlarán Salas? Parece que las distintas llamadas de atención que se nos han hecho desde Europa, instituciones europeas y organismos internacionales para avanzar en la independencia judicial no están mal encaminadas. Y es que esta filtración viene a demostrar una creencia política: que los políticos pueden controlar la justicia. De aquellos barros, estos lodos: tampoco nos tiene que sorprender que los puestos a dedazo en el CGPJ hagan sus propios trapicheos, siguiendo las enseñanzas de sus maestros, como el último escándalo protagonizado por el Sr. Lesmes, presidente del TS y del CGPJ: pretenden nombrar como magistrado de la Sala de lo Social a un juez (afín, cercano) sin seguir las normas formales, saltándose a una candidata ocho puestos por encima del citado y querido fichaje, según recoge el diario digital “Público” en un artículo publicado el pasado 25 de septiembre y consultado a día 3 de octubre (“El CGPJ quiere aupar al Supremo a un juez con menos méritos que la primera magistrada académica de España”). Por muy brillante que sea la trayectoria profesional y académica de estos altos puestos jurídicos, su nombramiento y las prácticas realizadas por ellos hacen que una fuerte justificación meritoria carezca de cualquier tipo de legitimidad y planeen sobre ellos de forma permanente la sombra de la sospecha, socavando y deslegitimando la magnífica labor realizada por jueces y fiscales rasos, "de trinchera", y la independencia judicial que enarbolan y en la que creo.

Pero este chiringuito político no queda aquí, salpica también al Tribunal Constitucional. Sin ser un órgano judicial estricto, ni que decir tiene la importancia que su labor implica. Tampoco se libra este noble órgano: sus magistrados son nombrados por el Congreso, Senado, Gobierno y el radiografiado CGPJ. Como tampoco se libra de sus sospechas, pues siempre quedan secretas y generales dudas sobre las filias políticas en su seno y las recompensas a distintas personalidades, eclipsando la valía y profesionalidad que sus magistrados, sin duda alguna, tienen. Pero aquí también los nombrados han seguido las enseñanzas de sus maestros: mediante reforma del reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional realizada en el 2011 se introducen nuevos puestos además de los primeros letrados al servicio del órgano, elegidos éstos por concurso-oposición entre funcionarios del grupo A -hasta entonces, las dudas no habían llegado a los profesionales del TC-: ahora hay un Gabinete al servicio del Presidente del tribunal, cuyo Jefe será nombrado “libremente por el Presidente. El Jefe del Gabinete tendrá el carácter de funcionario eventual, con el mismo rango y retribuciones que los letrados”. Sumado a ésto, y entre otros, entran a formar parte “letrados a dedo”: personal eventual contratado -no opositor- para labores de asesoramiento. Sospecharíamos de que se podrían tratar de agencias de colocación de cercanos, conocidos y familiares, vaya. Aquí también tienen los políticos buenos delfines.

Podría continuar denunciando la situación de otros órganos públicos, pero creo que el mensaje queda claro. Los tentáculos de los (mediocres) políticos están bien extendidos a las altas esferas del resto de poderes. No hay fórmulas mágicas más allá de darles el poder a los propios integrantes de la carrera judicial -y fiscal- para que se nombren a ellos mismos. Mejor dicho, no tendrían que ser los integrantes del poder judicial sino el mismo Poder Judicial quien los eligiera. Me explico: la frase de Platón que comienza esta entrada no está elegida para dar aires de cultura a estas líneas ni a este estudiante. En el contexto de la obra citada, las polis griegas, se elegía a sus poderes públicos por sorteo de entre los considerados “ciudadanos”. Lo mismo tendría que hacerse para las altas esferas de los más importantes órganos públicos y judiciales: un sorteo real y retransmitido, por medio de la tómbola, de entre los candidatos que reúnan las mismas condiciones que ahora los políticos observan para nombrarlos. Y acabar con los nombramientos discrecionales en su seno, agencias de colocación (y consagración personal o familiar) como los propios partidos políticos. Si nadie designa a un candidato, nada debe a nadie el mismo. El azar no pide ser agradecido con nada, temo que el político sí. A menos que sean los propios juristas los que se gobiernen, y de entre los mejores sea la imparcialidad quien los designe para altos puestos, ni los “reyes y dinastas” cederán sus parcelas de poder ni habrá “tregua para los males de las ciudades”. Toda medida diferente a la figura del “jurista-rey”, pienso, será meros apaños y parches que seguirán reproduciendo las dinámicas viciadas.